Las dos caras del Supremo

En Octubre de 2006 el sindicato de funcionarios Manos Limpias presentó en el Tribunal Supremo una querella contra el juez Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez por destrucción de pruebas y omisión del deber de perseguir los delitos. Se basaban en dos hechos concretos: la destrucción de los trenes de los atentados del 11 de marzo y la ausencia de autopsias a los suicidados de Leganés.

En diciembre del mismo año el ponente del Tribunal Supremo, el ex fiscal general del Estado Carlos Granados, tras evacuar consultas con la fiscalía procedía a la inadmisión de la querella y deducía testimonio contra Manos Limpias.

Los argumentos del Supremo en relación con los trenes eran los siguientes:

A lo largo de las actuaciones obran los distintos y pormenorizados dictámenes periciales, sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas.- b) En el Tomo 145 del Sumario, folios 53.799 y ss. obra un completísimo informe conjunto de expertos de TEDAX y GUARDIA CIVIL, sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestima por razones técnicas.- c) La conservación y destino de los vagones en cuestión -una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias- corresponde a su legítimo propietario (RENFE), que además cuenta con lugares apropiados para ello.

Sin embargo el mismo Tribunal Supremo en la sentencia que resuelve los recursos de casación del 11-M respondiendo a una de las partes, que fue autorizada a realizar una inspección de los vagones por el tribunal que juzgó los hechos, dice lo siguiente:

La prueba cuestionada fue admitida inicialmente como inspección ocular de los vagones. Si no fue practicada finalmente fue a causa de la imposibilidad material derivada de la destrucción del objeto con anterioridad. Como recuerda el Ministerio Fiscal, los trenes y su estado fueron objeto de pericial y la inspección ocular sobre los mismos fue objeto de grabación. A pesar de ello puede resultar sorprendente una tan apresurada destrucción, que impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación.

¿En qué quedamos?¿Se habían hecho todas las pericias necesarias o la destrucción fue apresurada e impidió exámenes posteriores? La pregunta no es baladí porque como argumentaba Manos Limpias se ha incumplido la Ley de Enjuicimiento Criminal que obliga a conservar las piezas de convicción hasta que el proceso judicial concluya.