Leo en la edición de hoy en El Mundo esta noticia de María Peral:
Las tres acusaciones populares que sentaron en el banquillo al comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, y a tres de sus mandos no recurrirán la sentencia absolutoria dictada la pasada semana por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid.
Ni la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ni la Asociación Víctimas del Terrorismo ni el sindicato Manos Limpias han anunciado recurso de casación contra esa sentencia, de la que fue ponente la magistrada Pilar Oliván.
Me parece una mala noticia. No es porque piense que tienen alguna posibilidad de lograr una condena, que no lo creo posible. Es porque la sentencia, a pesar de que ess acusaciones consideran que les da la razón en los hechos, me parece una auténtica verguenza.
No solo no les condena basándose en que la alteración del informe no tuvo consecuencias, sino que considera impropias y fuera de lugar las conclusiones del informe original, cuando se puede comprobar que son idénticas a las de otros informes periciales a los que no se puso ninguna pega.
Al final lo que hace es dar validez al criterio de oportunidad política sobre el de la profesionalidad.
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