¿Qué es más grave, robar o matar?

¿Qué es más grave, matar o robar?

En 2006 y a consecuencia de la Operación Malaya y de la detención de la alcaldesa y varios concejales, el Gobierno en una decisión inédita en nuestra democracia optó por disolver el ayuntamiento aplicando el artículo 61.1 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Sin embargo en el caso de los ayuntamientos no se está actuando con la misma determinación.

Desde el principio se vió que la participación de ANV en las elecciones autonómicas en 2007 era una tomadura de pelo a los ciudadanos. El que se promoviese la ilegalización de parte de las listas, mientras que a otras no se les ponían problemas, tenía una intencionalidad política evidente, que más tarde se confirmó cuando el Supremo ilegalizó tanto a ANV como al PCTV. Y es que era evidente que la maniobra respondía, o bien a los compromisos adquiridos por el Gobierno durante la negociación con ETA, o bien a cálculos electoralistas del propio PSE.

Cualquier persona con dos dedos de frente se daba cuenta de que era una situación absurda que en unos ayuntamientos se pudiesen presentar unas listas y en otros no. Y casualmente las listas que se anulaban eran las de ayuntamientos donde ANV no tenía posibilidad de gobernar. La confirmación de que esto era una estrategia ha venido con la negativa del Gobierno a disolver dichos ayuntamientos, a pesar de la ilegalización de ANV.

Ni el asesinato de Isaías Carrasco, ni el más reciente de Ignacio Uría han hecho que el Gobierno se decida a tomar esa decisión para la que está plenamente facultado. En su lugar y de cara a la galería ya está anunciando reformas legales a medio plazo de forma que se gane tiempo y no se haga nada hasta después de las elecciones vascas. Porque la clave son las elecciones autonómicas, dónde Patxi López aspira a convertirse en lendakari.

Efectívamente, debe ser más grave robar que matar según las conveniencias políticas del momento.